La Constitución de Venezuela y el derecho a la libertad de internet

Las siguientes líneas tienen como fin analizar el marco constitucional del derecho a la información en Venezuela, así como establecer la legalidad de acciones que se ejecuten en pro de tener un internet libre y con acceso garantizado a todos. Se comenta sobre los principios generales sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión e internet en el mundo.

La meta es como ciudadanos del nuevo milenio, hagamos oír nuestra voz para que se garantice la igualdad de condiciones para todos en acceder a la información disponible en internet – y a las oportunidades de desarrollo en el siglo XXI.

A las bases de donde nacen las leyes, se les denomina fuentes. Son fuentes de derecho internacional todos los tratados que suscriben los países de forma bilateral o multilateral y los principios generales del derecho aplicado a la relación internacional. En los temas que no haya una regulación directa, se rige por la costumbre y los principios generales del derecho. En muchas naciones, incluyendo Venezuela, los acuerdos internacionales que traten sobre derechos humanos tienen rango constitucional (Artículo 23), es decir el más alto rango legal. En caso de que haya una ley y un acuerdo internacional regulando el mismo tema, prevalece la legislación que más proteja los derechos de los ciudadanos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza en sus Artículos 57 y 58 lo referente al derecho de las personas de “expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones… mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura” y del derecho a “a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Más específicamente, el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela “establecerá como prioridad a los efectos de alcanzar progresivamente las obligaciones de tipo servicio universal, que todas las personas tengan acceso a la red mundial de información internet”. Es decir, en Venezuela las leyes establecen el acceso a internet como política de estado.

A nivel internacional, como comentamos anteriormente existe un entramado de organismos que se organizan en cumbres para tratar el tema de la sociedad de la información y el uso de internet. Adicionalmente, esta semana descubrimos una base de datos con documentos referentes al tema del internet. Estos datos, informados a la Asamblea General de ONU son preparados por un relator especial, que estudia país por país la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. El último informe, realizado a fines de 2013, reconoce que “a pesar de los diferentes procesos históricos que caracterizaron el desarrollo del derecho a la verdad y el derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad debe considerarse como directamente vinculado con el derecho de acceso a la información establecido mediante el derecho a la libertad de opinión y expresión”. Paralelamente, para la ONU es es incuestionable el reconocimiento mundial de la importancia global de la transparencia de las instituciones públicas para la consolidación de la paz, la democracia y el desarrollo.

En virtud de todo esto el informe recomienda a los países la adopción de un marco normativo nacional que establezca el derecho a la información, pide a los estados limitar a una lista definida con claridad de las excepciones a la libre divulgación de información y la aplicación de procedimientos que garanticen al acceso rápido y poco costoso al internet, así como que se justifique debidamente la información que sea catalogada como secreta y garantizar el derecho a los ciudadanos a formular reclamaciones ante órganos independientes sobre todas las solicitudes de información.

La adopción de normas nacionales debería ir seguida de esfuerzos concertados para aumentar la capacidad técnica de las instituciones estatales para gestionar y divulgar la información.

Estas recomendaciones, están siendo recogidas en Latinoamérica por varias organizaciones, entre las que destaca la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) que actúa como un como un organismo articulador y facilitador de la cooperación público privada, promoviendo la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las telecomunicaciones.

En próximos posts estaremos discutiendo sobre los estudios de estos organismos de y de acciones concretas que busquen un internet libre.

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